La principal fuente del Sistema Legal Español es el Código Civil, y la jurisprudencia establece que la Corte Suprema puede interpretar y aplicar la ley, obligaciones y derechos legales generales. Los Tribunales se establecen por la Constitución Española (1978), que señala el principio de unidad jurisdiccional y la organización y funcionamiento de los tribunales. Los jueces y tribunales tienen su trabajo dividido y pueden trabajar únicamente en los casos en los que la ley establece que deben hacerlo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 122 de la Constitución Española) determina tres partes principales del Sistema de Justicia:
Aspecto territorial: división de España en Comunidades Autónomas creadas por regiones. De esta división, cada corte y tribunal tiene poder en su comunidad. Sin embargo, la Audiencia Nacional, el Supremo y la Corte Central tienen poder nacional.
Carácter unipersonal o Colegiado de los órganos: todos los órganos son unipersonales a excepción del Supremo, la Audiencia Nacional, Las Cortes de Justicia y las Audiencias Provinciales.
Aspecto competencial: es posible dividir cuatro grandes aspectos como los temas relacionados con justicia: civil, penal, administrativo y social. Por otro lado, la Jurisdicción Militar tiene su propia regulación. No hay cortes especializadas, pero en ciertos temas (como violencia de género, asuntos relacionados con menores de edad…) hay una especialización, aunque se realicen a través de jurisdicción ordinaria. (European Justice)
La principal fuente del Sistema Legal Español es el Código Civil, y la jurisprudencia establece que la Corte Suprema puede interpretar y aplicar la ley, obligaciones y derechos legales generales. Los Tribunales se establecen por la Constitución Española (1978), que señala el principio de unidad jurisdiccional y la organización y funcionamiento de los tribunales. Los jueces y tribunales tienen su trabajo dividido y pueden trabajar únicamente en los casos en los que la ley establece que deben hacerlo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 122 de la Constitución Española) determina tres partes principales del Sistema de Justicia:
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